La Secretaria de la Función Pública (SFP) tiene perfectamente detectado que una de las principales causas de la corrupción en los procesos de contratación de Petróleos Mexicanos (Pemex) es que han fallado los órganos internos de control. Aunque no se tiene un dato preciso, el periódico estadounidense The New York Times calcula que el costo de este lastre en la empresa petrolera mexicana llega fácilmente a los mil millones de dólares anuales, citando a empleados y directivos de la paraestatal.
El 25 de abril del 2013, durante una reunión de la Comisión Mixta Pemex-Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez, delegado y comisario público propietario del Sector Energía de esa dependencia, hizo una presentación ante 26 empresarios de la industria de la construcción y funcionarios de la paraestatal en donde aseguró que las instancias de control «no han logrado abatir los niveles de corrupción y es marginal su contribución al desempeño eficaz y eficiente de las instituciones».
El diagnóstico fue contundente: en los esquemas de contratación hay injerencia del crimen organizado debido al «atractivo económico», por lo que tienen registros de «graves niveles de corrupción en segmentos de la organización».
La industria petrolera, especialmente en el área de contrataciones, es proclive a la corrupción «por su elevado potencial de beneficio económico de los actos irregulares, por la impunidad y por los espacios derivados de flexibilidades innecesarias», habría comentado el funcionario de la SFP.
Ramírez Rodríguez subrayó que existe impunidad en los casos de corrupción, ya que la mayoría de los casos «se pierden en tribunales».
Incluso reconoció que la aplicación de una normatividad más severa no ha resuelto el problema y descartó que la solución sea quitar facultades a instancias especializadas para concentrarlas en una sola.
Cuestionó el modelo de fiscalización que se ha utilizado en las últimas dos décadas, ya que ha propiciado «sobrerregulación y supervisión enfocada al cumplimiento normativo». Se sanciona a quienes cometen fallas administrativas, lo que genera «resultados menores en reducción de la corrupción».
En la reunión estuvo presente Jaime Suárez Garza, asesor de la Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex, según consta en el acta minuta de la reunión.
Historia de fallas y mentiras
Un par de meses antes de concluir la administración del ex presidente, Felipe Calderón, concretamente el 25 de octubre del 2012, Lucía Ileana Villalón Trujillo, titular del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción (PEP) ya había presentado algunas evidencias sobre la corrupción en Petróleos Mexicanos, también durante una reunión de la Comisión Mixta Pemex-Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
La funcionaria detalló en esa ocasión, que si bien la tarea del órgano es inhibir y sancionar prácticas corruptas implica, como principios fundamentales, entender que la corrupción en México: «no es cultural, nos debe ocupar a todos (comprador, vendedor, consumidor, afectado, favorecido, autoridad, ciudadano, extranjero).
No debe minimizarse ni tolerarse. «No es solamente gubernamental, no es solamente particular, no es solamente nacional, ni transnacional, es decir, suma esfuerzos desde varios instancias. Y además, por lo general, opera de manera inteligente».
En ese momento, el Órgano Interno de Control de PEP delineó algunas debilidades entre la relación de la empresa con sus proveedores y contratistas, particularmente la falta de certeza en la información relativa a proveedores de Pemex y sus subsidiarias:
«No hay coincidencias por cuanto a la base de datos de proveedores, además de resultar insuficiente; no hay información de los socios y/o accionistas, objeto social, domicilios, RFC, apoderados o grupos empresariales a los que en su caso pertenece el registro de proveedores».
Las adquisiciones están sujetas a un marco normativo complicado en tanto que el presupuesto, complejidad y tecnicidad de Pemex no es comparable con otras dependencias o entidades.
Por cuanto hace a los proveedores, se tienen identificadas empresas sin especialización que participan en la contratación de cualquier clase de trabajos; proveedores «que utilizan documentación falsa o alterada para cumplir con solvencia técnica humana o económica» (como es ahora el caso de Oceanografía); y hay una perversa vinculación entre proveedores y servidores públicos así como empresas vinculadas en México y en el extranjero.
En esa ocasión, Villalón Trujillo mostró evidencias de una empresa que recibió en 2 años, 60 millones de pesos, de dos subsidiarias de Pemex en labores de auditoría y cuya documentación fue razonable, pero que su domicilio fiscal no existía.
Exhibió documentación de dos compañías comercializadoras con el mismo domicilio fiscal particular y obtuvo de las cuatro subsidiarias 160 millones de pesos.
La de otra empresa que acordó entregar y entregó a un servidor público el 1% (equivalente a siete millones de pesos) del valor del contrato por una licitación que le sería adjudicada. Al no recibir el contrato, la empresa se asumió defraudada.
Y la de una empresa trasnacional que pagó hospedaje y viáticos a servidores públicos que debían realizar una inspección física en el marco de un procedimiento licitatorio.
La misma empresa presentó información falsa respecto a compañías creadas en Estados Unidos, que son las que contaban con experiencia.
Por ello, los funcionarios de la SFP consideraron inadecuadas las herramientas utilizadas para sancionar actos ilícitos, ya que la auditoría moderna está concebida para generar valor, no para combatir la corrupción, por lo que muchas veces se sanciona al que se equivoca (al que está trabajando) y no al corrupto y, se pretende combatir un delito con una herramienta administrativa.
Exceso de regulación, otro bache
Sobre el modelo de fiscalización empleado en los últimos 20 años, argumentaron que han propiciado sobrerregulación, fiscalización enfocada al cumplimiento normativo, inhiben la toma de decisiones del servidor público al sancionar a quienes cometen errores administrativos, lo que redunda en «resultados menores en términos de reducción de la corrupción».
Entre las conclusiones presentadas a empresarios de la industria de la construcción, la dependencia sostiene que los diseños normativos en la industria petrolera por sí solos no resuelven el problema. En ocasiones lo exacerban, pues leyes con penalizaciones más severas no han logrado dar resultados y no es despojando de facultades a instancias especializadas y concentrándolas en un solo ente como pudiera solucionarse el problema.
No obstante, para Alejandro Hope, especialista en tema de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ilícitos como la sustracción ilegal de combustibles de ductos de Pemex por ejemplo, sucede porque hay complicidades desde dentro de la paraestatal.
Gastar en vigilancia no reducirá los hurtos, en tanto no se combata la corrupción en el interior de Pemex. «La vulnerabilidad de Pemex viene desde adentro”, explicó.
Con todo, la paraestatal ha sido presentada como un símbolo de la corrupción a nivel internacional.
El 20 de agosto del 2013, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó en un editorial que “Pemex está agobiada por escándalos de corrupción, accidentes mortales, una caída en la producción de crudo y costos crecientes que impactan su salud financiera”.
Ese concepto lo han manejado casi todos los diarios de mayor impacto en el mundo: The New York Times, Los Angeles Times, The Washington Post, Le Monde, Financial Times, The Guardian, El Mundo y El País, o revistas como The Economist o Der Spiegel.
Y es que en la práctica Pemex no sólo ha venido enfrentando grandes problemas por falta de inversiones en infraestructura, también y quizás más fuertes aún, en materia de corrupción y de tráfico de influencias, que le ocasionan pérdidas millonarias y graves caídas en los índices de producción. El robo de combustible de los oleoductos y de las terminales donde están involucrados funcionarios de la paraestatal, también representa un alto costo donde la paraestatal pierde millones de dólares al año.
Manuel Barquín, catedrático de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostiene al respecto que en Pemex existe una verdadera mafia de funcionarios cuya influencia abarca desde la asignación de contratos y obra pública hasta el robo y saqueo de combustible en ductos y terminales.
Los actos de corrupción en Pemex se facilitan porque no hay eficientes mecanismos de control y de transparencia que permitan el escrutinio público, explica.
Ahí está el caso de Oceanografía, que actualmente enfrenta la acusación de fraude por parte Citigroup Inc, el cual indicó que el asunto involucró aproximadamente 585 millones de dólares en créditos a corto plazo concedidos por su unidad Banamex a esta empresa.
Unos días antes, la compañía de Yáñez Osuna fue inhabilitada para trabajar con cualquier entidad gubernamental durante 21 meses, debido a que la SFP encontró que la proveedora de Pemex realizó cobros que excedieron el precio pactado de los servicios prestados en colaboración con funcionarios de la paraestatal.
Pero no sólo este tipo de problemas agobian a Pemex, la enorme complacencia de funcionarios con proveedores y contratistas incumplidos es evidente.
De acuerdo con los oficios de notificación de 46 penas convencionales aplicadas por PEP en los últimos seis años a 16 empresas nacionales y extranjeras por demoras en la instalación y puesta en operación de plataformas marinas semisumergibles que arrendó, el incumplimiento sumó mil 486 días de retraso.
Por el arco del triunfo…
Aunque las sanciones están pactadas contractualmente, hay empresas que reiteradamente incurren en este tipo de práctica y aún así Pemex continúa otorgándoles contratos.
La compañía con un mayor número de sanciones es la estadounidense Noble Contracting, a quien se le penalizó en 11 contratos con un monto total de 10.03 millones de dólares, por haber incurrido en total en retrasos por 189 días.
La penalidad más alta aplicada por PEP fue a Sea Dragon de México S. de R.L. de C.V., que es filial de la noruega Seadrill, quien se demoró 508 días, entre el 3 de abril de 2010 al 23 de agosto de 2011, en tener lista la plataforma West Pegasus, ubicada a 244 kilómetros de la costa de Matamoros, por lo que se le aplicó una sanción de 25.5 millones de dólares.
La lista de empresas incumplidas por número de contratos incumplidos, después de Noble Contracting es la siguiente:
-Nabors Perforaciones con 6
-Mexdrill Offshore con 6
-Perforadora Central con 5
-Ensco Drilling con 3
-Blake International con 3
-Cia. Perforadora México con 2
-Cosl México con 2
– Pride Internacional, Península Drilling, Industrial de Servicios and Outsourcing, Grupo Exploración Marina, SEA Dragon, Noble Leonard Jones, Goimar y Blue Marin, todas ellas con un contrato incumplido.
De acuerdo con los oficios de PEP, las penas convencionales promedian 10 por ciento del costo diario de un arrendamiento en esta case de plataformas que va de los 480 a los 503 mil dólares.
A la larga, la complacencia de los encargados de los contratos de arrendamientos de plataformas podría considerarse como una forma de corrupción.
El rompecabezas más complejo
Oceanografía no se trata sólo de un supuesto fraude cometido entre particulares. El caso desenterró una serie de corruptelas que incluso ponen hoy en riesgo el avance de la Reforma Energética en el Congreso, pues la fracción del Partido Acción Nacional ha amenazado con detener el proceso ante el vituperio público que han recibido por la serie de favoritismos que sus 12 años en el gobierno tuvieron con uno de los principales proveedores de Petróleos Mexicanos.
La empresa que aún comanda Amado Yáñez recibió favores de Pemex, impulsados por los hijos de Martha Sahagún de Fox, según ex legisladores integrantes de la Comisión que se abrió en la Cámara de Diputados para investigar el caso en años atrás, durante el gobierno de Felipe Calderón.
Hoy, todos los días el caso se va desenredando, desde Martín Díaz, el enigmático socio de Yáñez y familiar de Francisco Gil Díaz, el presidente de Telefónica, hasta Carlos Morales Gil, ex director general de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, quien por sus manos pasaron decenas…, cientos, de contratos asignados por la petrolera a Oceanografía.
Advertencias ignoradas
Desde reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2005, donde ya advertían de los manejos extraños de las asignaciones de Pemex a Oceanografía, hasta calificadoras de riesgo crediticio, fueron ignoradas por Pemex al seguir dándole contratos a uno de sus más importantes proveedores.
En aquel entonces, en la revisión de la Cuenta Pública 2005, la ASF encontró que Pemex no impuso una multa de 405 millones de pesos a la naviera, a pesar de que ésta estaba estipulada en una de las cláusulas de un contrato de servicios por el atraso de 16 días en la terminación de trabajo.
En el informe de la Cuenta Pública de un año después, la ASF encontró que la paraestatal modificó a petición de Oceanografía las bases de licitación, pese a que ya las había ratificado a los otros proveedores que estaban concursando.
Ante ello se emitieron recomendaciones que Pemex simplemente no acató, por lo que la petrolera continuó asignándole contratos a la empresa.
Incluso Bancomext fue uno de los afectados desde hace nueve años por Oceanografía, quien reconoce abiertamente que prestó un dinero en 2005 que ya no recuperó, por lo que tuvo que entregar documentación clasificada a la PGR para dar curso a la investigación.
Posteriormente, en 2008, Fitch Ratings bajó la calificación de una de las emisiones de Oceanografía al considerar que el flujo de la empresa no era sano, es decir, ganaba contratos con Pemex pero así como recibía el dinero, se desvanecía misteriosamente.
Ante ello, y la falta de transparencia de la empresa de Amado Yáñez, la firma estadounidense decidió retirar su calificación, luego de haberles insistido en que presentaran mayores elementos para poder ser evaluados.
Morales, la incógnita
Carlos Morales Gil es una de las enigmáticas figuras de este rompecabezas llamado Oceanografía. Como Director General de Pemex Exploración y Producción, la única subsidiaria rentable de Petróleos Mexicanos, el ex funcionario tenía bajo su responsabilidad las asignaciones y sabía de primera mano la importancia y posición de Oceanografía para la petrolera.
De manera extraoficial se sabe que el nombre de Carlos Morales está a la cabeza de la lista de funcionarios que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de la encomienda especial de su titular, Jesús Murillo Karam, para desenredar el caso a los ojos de la sociedad y por supuesto, del gobierno mexicano.
Sin embargo, hasta el momento Morales Gil no ha sido llamado a testificar sobre el caso Oceanografía, y también en esta lista como segundo en importancia se encuentra Mario Ávila, subdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción.
Cabe recordar que tres días antes de que se destapara el supuesto fraude de Oceanografía, Morales Gil presentó su renuncia luego de una década al frente de Pemex Exploración y Producción alegando motivos personales.
Hoy es un hecho que tanto Ávila como Morales Gil tienen ya un expediente abierto ante la PGR donde se les trata de fincar responsabilidades por omisiones derivadas del incumplimiento de contratos por parte de Oceanografía, situaciones que no fueron reportadas en su momento al Órgano Interno de Control de la petrolera.
La detención de Amado y “la mafia” del Carmen
Al parecer, Amado Yáñez se entregó solo ante la Procuraduría General de la República, no acudió como siempre lo hacía al edificio de Pemex, rodeado de guardaespaldas, sino más bien en un acto preventivo al saberse buscado por la Interpol, el dueño de los Gallos Blancos del Querétaro acudió por su voluntad para asumir un arraigo domiciliario de 40 días que la autoridad decidió imponerle al empresario.
Su futuro sigue siendo incierto, mientras algunos lo acusan directamente de traficar con influencias al interior de la petrolera, otros afirman que los delitos van en escala ascendente hasta llegar a supuestos nexos con el crimen organizado e incluso lavado de dinero.
El proceso legal se antoja largo, sin embargo, a la par de la entrega de Amado, salieron a la luz también los problemas que enfrenta una pequeña gran ciudad, donde todo el fraude se maquiló.
Considerada por algunos como “la mafia” petrolera de Ciudad del Carmen, la industria de proveedores entorno a las operaciones de Petróleos Mexicanos en Campeche ha generado dudas en el papel que tienen los intermediarios como Oceanografía y otras firmas como Oro Negro y Grupo R.
Compadrazgos, favores y otros tipos de tratos oscuros son señalados directamente por los “proveedores de los proveedores” de la petrolera en aquélla entidad.
Hoy también la PGR investiga los nexos que tenían las empresas de Amado Yáñez en aquella localidad, que se ostenta como la que tiene el mayor Producto Interno Bruto per cápita del país, por el elevado nivel de ingresos generado por la industria petrolera.
Surgen a la luz nombres como el de Fabián Narváez Tovar, dueño de Grimsur, el encargado de manejar la nómina de Oceanografía e identificado por los cercanos a la empresa como uno de sus principales operadores financieros, con oficinas en Miami, Ciudad del Carmen y Chiapas.
De cara a la apertura del sector
Al interior del sector petrolero algunas voces comentan que el “golpe” a Oceanografía es parte de una estrategia política del gobierno para legitimar a la industria de cara a la apertura que se viene con la reforma energética. Vaya, una forma de decirle a Exxon, Shell, Chevron, etc… que en México no existe la impunidad y que en adelante, este tipo de situaciones no se van a volver a repetir. Que no tendrán la oportunidad para “transar” con los proveedores y que el Estado de Derecho siempre los protegerá.
Sin embargo, otros entendidos sobre el tema niegan la versión y se refieren al Caso Oceanografía como un problema que se desbordó, que simplemente se salió de control, pero que contrario al mensaje de capacidad de respuesta del gobierno mexicano al exterior, se está viendo como una especie de “ves, te lo dije”, en referencia a que ellos, las empresas extranjeras, saben de qué forma se mueve los negocios en nuestro país.
Unos más aventurados afirman que desde altos niveles del Gobierno Federal piden que se diversifique el abanico de proveedores de Pemex, abriendo la oportunidad de hacer negocios a una industria naciente de nuevas empresas que comenzarán a empujar con las oportunidades de la Reforma Energética.
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